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La Palabra en la Prensa: empleo sumergido

Se denomina de esta manera a toda forma de productividad que se realiza en régimen de clandestinidad, y en la que ninguno de los actores, empleador y empleado, sigue el protocolo exigido por la reglamentación laboral. Está contemplado como fraude grave tanto por parte del empleador, que elude cotizar a la Seguridad Social, como para el trabajador que no podrá ver reflejados esos días en la hoja de su vida laboral a la hora de realizar el cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación.

Madrid (EFE).- El Gobierno aumentará más del cien por cien la sanciones a las empresas que mantengan trabajadores en situación irregular después de “tres o cuatro” meses de gracia que concederá a las compañías para que hagan aflorar el empleo sumergido, según el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez.

En una entrevista en Expansión, Gómez señala que presentará en el Consejo de Ministros un primer informe al respecto, pero que el plan no se aprobará definitivamente hasta que no estén más avanzadas las negociaciones sobre la reforma de la negociación colectiva entre los sindicatos y la patronal.

El ministro prevé que el plan contra el empleo sumergido entre en vigor antes del verano, “entre mayo y junio”, y advierte a las empresas y a los parados en situación irregular de que dispondrán de tres o cuatro meses para normalizar su situación.

Añade que “una vez que concluya el periodo de gracia, previsiblemente hacia el otoño, la Inspección de Trabajo tiene previsto realizar entre 250.000 y 265.000 actuaciones con el objetivo de aflorar el empleo sumergido.

Para las empresas, la cuantía de las multas, en función de los casos, puede elevarse desde los 6.251 euros a los 12.500 y desde los 187.515 a cerca de 400.000.

Para los desempleados que combinen la protección por paro con un trabajo sumergido, Gómez opina que requiere “una sanción muy grave”, la pérdida del derecho a la prestación, aunque precisa que esta cuestión se debe negociar con los agentes sociales.

El ministro señala que la primera vez en que la Inspección descubra esta situación anómala no supone la pérdida automática de la prestación, pero que “a partir del plan sí”.

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