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España

La octava ley de reforma educativa en España pasa al Senado para su aprobación definitiva sin consenso, con un recurso de inconstitucionalidad en marcha y protestas en las calles españolas

Madrid/  El proyecto legislativo para acometer la octava  reforma educativa en España,  que contempla que el español deje de ser la lengua vehicular de la enseñanza y elimina la existencia de “la demanda social” para mantener la educación concertada, va a iniciar su andadura en el Senado, después de haber sido apoyado  en el Congreso por 177 votos a favor.  En contra votaron 148 diputados y se abstuvieron 17.

Al tratarse de una ley orgánica, la iniciativa legislativa con la que se pretende derogar la reforma del gobierno de Mariano Rajoy (PP), conocida como ley Wert, necesitaba de una mayoría absoluta (176 de los 350 diputados de la Cámara Baja), con la que finalmente ha contado, aunque escasa. El proyecto ha sido apoyado  en el Congreso por 177 votos a favor.  En contra votaron 148 diputados y se abstuvieron 17.

Algunos de los puntos más polémicos de la ley de reforma

La conocida como ley Celaá, en referencia a la actual titular de la cartera de Educación del Gobierno de Pedro Sánchez, incluye como puntos más polémicos los siguientes:

1- Educación pública: la educación pública constituye el eje vertebrador del sistema educativo.

2- Idioma español: El castellano deja de figurar como lengua vehicular de la enseñanza y como lengua oficial del Estado. Las administraciones garantizarán el derecho a recibir enseñanzas en castellano y en lenguas cooficiales para alcanzar un dominio pleno y equivalente. Los alumnos estudiarán Lengua Propia y Literatura.

3.- Centros concertados: la ley elimina la “demanda social” para abrir nuevos centros o aumentar plazas. No podrán percibir cuotas de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, ni imponer aportaciones a fundaciones o asociaciones.

4.- Educación especial: en diez años los centros ordinarios deberán tener recursos para atender alumnado con discapacidad. Las administraciones prestarán apoyo a los centros de Educación Especial para alumnos que requieren atención muy especializada.

5.- Suelo público: incremento progresivo de puestos escolares en la red pública. Los municipios cooperarán en la obtención de los solares necesarios para construir solo centros públicos.

6.- Separación de alumnos: los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos no separarán al alumnado por su sexo.

Un recurso al Tribunal Constitucional apoyado por la Iglesia y protestas en la calle contra la reforma

El PP, que lidera Pablo Casado, ha anunciado un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, la Iglesia Católica ha anunciado que lo apoyará, y la plataforma, Más Plurales, integrada por los principales sectores de la educación concertada (educación privada con apoyo parcial de recursos públicos) lleva a cabo una campaña de recogida de firmas contra el proyecto y ha convocado manifestaciones de protesta  en toda España.

El presidente del PP, Pablo Casado, y el resto de la directiva de su partido, apoyaran  las protestas y acudirán  a la marcha con vehículos convocada tanto en la capital española entre las 11.00 y las 13.00,  como en el resto de ciudades españolas.

También desde Vox y Ciudadanos se ha anunciado que se va a combatir esta reforma en todas las instancias donde sea necesario.

El PP pondrá a salvo de la ley las comunidades donde gobierna

En las autonomías donde aún gobierna, el PP pondrá freno a las acciones a su juicio “lesivas que pueda poner en marcha esta ley” a través de “decretos y órdenes” de las consejerías de Educación, de las que dependen el personal o las subvenciones a la concertada.

Así, blindará  en Madrid, Andalucía, Galicia, Murcia y Castilla y León la educación concertada y la especial y mantendrá el español como lengua vehicular.

Gritos de “libertad” contra “aplausos” en el Congreso

El debate en el Parlamento concluyó  con gritos de “libertad” desde las bancadas de PP, Ciudadanos y Vox y los aplausos a la ley desde PSOE y Unidas Podemos, partidos que sustentan la coalición de Gobierno.

La conocida como ley Celaá, en referencia a la actual titular de la cartera de Educación del Gobierno de Pedro Sánchez, ha recibido a su paso por el Congreso el voto afirmativo de siete partidos políticos:  PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, Más País Equo, Nueva Canarias y Compromís. En contra, han votado otros siete: PP, Vox, Ciudadanos, Coalición Canaria, UPN, Foro Asturias y Partido Regionalista Cántabro.(21 de noviembre de 2020, EFE/PracticaEspañol)

 

La noticia relacionada en vídeo (19 de noviembre de 2020):


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