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España

La sentencia judicial que obliga a los descendientes del dictador Franco a devolver el Pazo de Meirás

A Coruña /  Una jueza de A Coruña ha sentenciado que el Pazo de Meirás es propiedad del Estado y que la familia de Francisco Franco debe devolverlo, una decisión que ha sido recibida como una victoria democrática por administraciones de distinto color político y que los herederos del dictador han anunciado que van a recurrir ante la Audiencia Provincial.

La titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, Marta Canales, ha concluido que el pazo, residencia de verano del dictador en Sada (A Coruña), fue un regalo que se hizo en su momento al jefe del Estado y no a Francisco Franco a título personal.

“Su nombre era Francisco Franco Bahamonde, pero no se le regala a él por sí mismo, sino al jefe del Estado”, aclara la jueza, que insiste en que la literalidad de los documentos sobre la compra del pazo y su posterior donación “no arroja dudas” porque todos se refieren “al caudillo”.

Y afirma que la operación de compraventa de 1941, mediante la que el dictador inscribió la finca a su nombre en el Registro de la Propiedad, no fue sino una simulación, una “ficción”, “lo que determina la nulidad de la misma”.

De este modo, la jueza ha estimado de forma íntegra la demanda interpuesta por la Abogacía del Estado en representación del Gobierno central, que fue respaldada por la Xunta, los Ayuntamientos de Sada y A Coruña y la Diputación Provincial.

La jueza añade en su resolución que los Franco no deben ser indemnizados por los gastos que aseguraron asumir para el mantenimiento de la propiedad porque esta se incorporó al patrimonio de la familia “de mala fe”.

La familia Franco recurrirá

Tanto el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, como representantes de la Xunta, la Diputación de A Coruña, los Ayuntamientos de A Coruña y Sada, partidos políticos y varias entidades sociales han celebrado este miércoles como una “victoria” el fallo, que no es firme y que el abogado de la familia Franco, Felipe Utrera Molina, ha confirmado a EFE que recurrirán.

“Evidentemente que habrá recursos”, ha apuntado el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, que ha manifestado que “la primera impresión de esta sentencia es muy contundente” y además anima a partidos y ayuntamientos a reclamar otros bienes de la familia Franco, como la Casa Cornide en A Coruña.

Reacciones al fallo 

“La democracia plena se consigue recuperando la memoria histórica”, ha indicado Losada tras conocer el fallo y reconocer también “la labor” de la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo“, para hacer realidad esta “demanda histórica”.

Para la Xunta, esta sentencia “es una buena noticia para el Estado de Derecho que demuestra que funciona”, ha subrayado el conselleiro de Cultura en funciones, Román Rodríguez, mientras que el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, ha dicho que supone “un gran paso” y ratifica que el inmueble “forma parte del patrimonio público”.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha celebrado con “enorme satisfacción” una sentencia “histórica” que supone “restaurar la memoria colectiva” y que les anima a “seguir luchando para la devolución de la Casa Cornide al patrimonio de los coruñeses”, ha dicho a EFE en referencia a otra propiedad de los Franco en A Coruña que también reclama la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica.

El PSdeG y el BNG han coincidido en proseguir este camino para recuperar no solo la Casa de Cornide sino también las estatuas del Pórtico de la Gloria en manos de la familia Franco “para hacer justicia a las víctimas de este expolio y para restituir la memoria histórica y la dignidad colectiva”.

El regidor de Sada, Benito Portela, ha destacado que el fallo pone fin a la “detentación ilegal y fraudulenta del inmueble” por los herederos del dictador, y el portavoz de Galicia En Común en el Congreso, Antón Gómez Reino, ha considerado que la sentencia supone “una victoria democrática que finalizará con décadas de impunidad”.

Los denominados 19 de Meirás, que en agosto de 2017 ocuparon simbólicamente el pazo y que fueron denunciados por la familia Franco, reclaman el archivo de la misma después de la sentencia del juzgado coruñés que establece que el pazo es patrimonio público. (3 de septiembre de 2020, EFE/PracticaEspañol)

La noticia relacionada en vídeo (marzo 2011):


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